El pasado jueves el Congreso de los diputados votó a favor de promulgar el estado de alarma y de prorrogarlo nada menos que durante seis meses. El estado de alarma ya acaba de entrar en vigor y se mantendrá hasta el próximo día 9 de mayo. Sí, estamos hablando de seis meses de duración; y el presidente del gobierno no tendrá que rendir cuentas de esta prórroga en el Congreso hasta dentro de dos meses.
Otra de las novedades es que los encargados de aplicar el Real Decreto de Ley de Estado de Alarma no será en principio el Gobierno central, sino las Comunidades Autónomas. Con ello las medidas a tomar en el estado alarma no serán las mismas en toda España. Diferirán en función de gustos y pareceres de cada Comunidad Autónoma en particular. Siendo una la enfermedad, puede ser que nos encontremos con diecinueve criterios de controlarla; los de diecisiete autonomías y dos ciudades autónomas. Esto, sin la menor duda, va a hacer que este estado de alarma sea un tanto desordenado o por lo menos variopinto y traduce algo muy significativo no saben qué se debe hacer ni sus resultados.
Los primeros efectos del decreto no tardaron en dejarse sentir en forma de disturbios, destrozos, salvajismo, protestas y saqueos en las calles de varias ciudades de España, empezó Barcelona el viernes pasado, y se ha ido extendiendo por diferentes ciudades, Madrid, Logroño, Valencia, Zaragoza, Burgos, Bilbao, Santander, Vitoria… Y se presume que estos altercados se pueden mantener durante algún tiempo. Tras los mismos se encuentra probablemente una amalgama de grupos antisistema, su filiación ha sido interesadamente utilizada y como hemos podido ver todos a través de las imágenes que han salido en televisión son personas muy jóvenes. El gobierno, como es lógico, trata de aprovecharlo políticamente culpando a la derecha, concretamente a Vox; otros dirán que son de signo contrario, supongo que con la fiabilidad que tiene hoy día la prensa no nos enteraremos, parece que es una mezcla de delincuentes y gente violenta.
Vayamos al tema legal sobre el estado de alarma. El estado de alarma está contemplado por ley en el artículo 162 de la Constitución española. Tiene cinco puntos, y el primero dice, “… el gobierno remitirá [el decreto de estado de alarma] inmediatamente al presidente del Congreso, una comunicación en la que acompañará el decreto acordado en el Consejo de Ministros, de la comunicación se dará traslado a la comisión competente, que podrá recabar la información y documentación que estime procedente”, dos, “si el gobierno pretendiera la prórroga de plazo de 15 días” del estado de alarma, “deberá solicitar la aprobación del Congreso de los diputados antes de que expire aquél” insisto y repito, quince días. Tres, “los grupos parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de batirse la concesión de la autorización solicitada”. En seis meses no va a haber ninguna. Cuatro, “el debate tendrá lugar en el pleno y se iniciará con la exposición por un miembro del gobierno de las razones que justifican la solicitud de prórroga del estado de alarma y se ajustará las normas previstas”. Y cinco y último: “finalizado el debate se someterán a votación la solicitud y las propuestas presentadas de la decisión de la cámara”. Todo este artículo 162 de nuestra Constitución es hoy papel mojado. ¿Qué pensará el Tribunal Constitucional de todo esto?
Por si quedaba alguna duda, una ley orgánica del año 1981 desarrolla el estado de alarma. La ley 4/1981 del mes de junio, regula tanto los estados de alarma, como de excepción y de sitio. En su artículo primero dice: ”…proceder a la declaración de los estados de alarma excepción y sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”. Dos, “las medidas a adoptar en los estados de alarma excepción y sitio así como la duración de los mismos serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad, su aplicación se realizará de forma proporcional a las circunstancias”. Tres, “finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuántas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas corresponden a las autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a estas” y cuatro y último, “la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpirá el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”, entre ellos el Congreso de los diputados, cuyo normal funcionamiento, pues desde el jueves pasado ha quedado formalmente interrumpido.
La sesión parlamentaria del jueves pasado en el Congreso de los diputados fue una de las más vergonzosas de las que este ciudadano tiene recuerdo. No rememoro una sesión tan lamentable como ésta. El gobierno llevó a la cámara para su aprobación, un decreto que de principio a fin sabe que es anticonstitucional. Y todos los que sabemos leer lo sabemos. Lo sabe todo el parlamento que es anticonstitucional, empezando por quien lo propone, por el propio Gobierno, continuando por los socios del gobierno, y terminando por la oposición.
No soy fan de ningún partido político, ni del humano político en particular. A los políticos lo más que les podemos pedir es que cumplan la ley, nada más; que sean buenas personas, o doctores en ética por supuesto que no. A la última persona a quien se lo podemos pedir es a un político, pero hay que exigirles con todo rigor que cumplan la ley. Su función es cumplir la ley y hacerla cumplir. Lo más significativo del caso es que solo ha habido un partido que ha votado en contra, sólo uno, y ha sido Vox, al que se le unió un diputado en solitario de Foro Asturias, el partido que fundó Álvarez Cascos. En total 53 diputados. La cámara se ha autodisuelto en plena democracia y en un momento especialmente importante para que todos los poderes del Estado estuvieran con los ojos bien abiertos. Lo lógico es que se hubiese quedado el Gobierno y sus socios completamente solos ante una cacicada semejante. Pero no. Es perfectamente comprensible, dentro de su nauseabunda moral, que los dos partidos del gobierno, el partido socialista y Podemos, sabiendo como respiran los políticos, quisieran disponer de mucho poder durante mucho tiempo. Bien. Pero el resto, los que no están en el gobierno, ¿por qué han votado a favor o se han abstenido? Para mí es absolutamente incomprensible. No es comprensible que Ciudadanos un partido aparentemente liberal, abanderado de la regeneración y de devolver el protagonismo a la Constitución se haya entregado a los deseos de poder del gobierno. La disolución o su insignificancia política es inminente. En el terreno de la abstención coincidieron el partido popular, la Unión del Pueblo Navarro, que es afín al partido popular, y en el extremo político, Bildu y la CUP. Y por último quién explica cómo el Partido Popular de Pablo Casado no se ha opuesto al cierre del parlamento, salvo si es por desvincularse interesadamente de Vox.
En el análisis de lo noticiado, lo primero y fundamental, es darse cuenta que para entender este asunto basta con una comprensión lectora básica, para saber que lo que hizo el Gobierno el pasado jueves no se ajusta ni a la letra, ni al espíritu de la Constitución, como tampoco se ajusta ni a la letra ni al espíritu de la Ley. Todo lo demás es anecdótico ¿Qué significa esto? Algo muy claro, a los políticos que están en el parlamento las leyes les trae sin cuidado.
La segunda reflexión, y más cardinal aún, es la cuestión de qué medidas son necesarias para paliar esta pandemia de coronavirus. No estamos en un escenario que valga la opinión de un cualquiera, de un político o de un descamisado tertuliano de televisión, es un tema perfectamente científico y cuantificable. Hasta el momento no tengo conocimiento de ningún informe de epidemiólogos con la suficiente preparación y aportando los datos necesarios que nos demuestre la necesidad de tal o cual medida. Solo de esta manera se podrían entender las medidas que se están tomando. Sería necesario conocer esa información, y la impronta que pueden tener en la reducción de ingresos hospitalarios, en ocupación de camas de UCI…en daños económicos por sectores… Solo así se puede planificar, y podría estar justificado un Estado de Alarma, la inversión en centros hospitalarios y en camas de UCI, o la centralización de la patología habitual a determinados centros y dedicar otros exclusivamente a la pandemia. Igualmente, y solo de esa manera, puede tener sentido el cierre de comercios o las medidas a adoptar para minimizar las consecuencias económicas del covid19. La impresión es que se están tomando medidas arbitrariamente como un pollo sin cabeza ¿No hay nadie en el mundo, con todos los datos disponibles, y con la suficiente capacidad? En España incluso se oculta, si es que hay, expertos. Desde luego Simón e Illa no lo son, de ser son otra cosa.
El tercer aspecto que me gustaría comentar es que mucha gente ya no ve más salida que la protesta callejera. Y no lo digo por lo que hemos visto este fin de semana, los gamberros y delincuentes que se han tirado a la calle. Los disturbios de este fin de semana podrían ser un anticipo de lo que nos viene encima porque la situación económica es especialmente mala y no hay que ser premio Nobel de Economía para saber que va a ir a peor. Todas las partidas de los presupuestos del gobierno no se sostienen ni con deuda, ni subiendo los impuestos. España es el único país europeo que lo ha hecho, con la idea de mantener unos niveles de gastos inasumibles; dirigidos además, a medidas no eficaces para la reactivación económica o a crear empleo; para lo que va a servir es para mantener su clientela de estómagos agradecidos. España estará en la bancarrota con necesidad de un nuevo rescate, y precisará la intervención por parte de Bruselas, de continuar esta situación, en uno, o como mucho, dos años, y en ese caso, se producirá un ajuste salvaje con su corolario de protestas, malestar social… Yo pienso que Sánchez solo juega a un corto plazo, y no sabe lo que va a pasar dentro de seis meses o un año; pero es que tampoco le interesa demasiado. El tejido económico ya destruido cuesta muchísimo en volverlo a formar, y el dinero nuevo, limpio y fresco, viene del sector privado, no de la imprenta de Bruselas o de los impuestos a la clase media.
Poder y dinero 